Fiscales, taxistas y pulgas.

Ayer nos enteramos que los fiscales valencianos gastan tres millones de euros al año en taxi. Supongo que recibirán un buen descuento en su condición de grandes clientes. También supimos que la pulga no les perdona, al menos en la sede de Alzira...
Lo cierto es que como pasa entre procuradores y abogados, los fiscales se asemejan al pariente pobre de los jueces y magistrados, ahora se anuncia que la Fiscalía abrirá cinco nueves sedes en la Comunidad Valenciana, en Sagunto, Vila Real, Paterna, Elda y Torrent.
"Solamente" quedarán como partido judicial sin fiscalía : Sueca, Mislata, Requena y San Vicente del Raspeig. Se aprecia el esfuerzo, aunque como se ve es insuficiente.
Lo cierto es que sin la decisiva intervención de los fiscales los juicios se suspenden, y la actividad jurisdiccional se resiente considerablemente. Son un elemento clave de la administración de justicia y merecen emplazamientos y sedes dignas en donde puedan realizar con soltura su trabajo, lo que para las arcas públicas es la mejor inversión, sin duda, no se trata de una cuestión baladí.

Los abogados y el arbitraje

Francisco Real, decano del colegio de abogados de Valencia responde en el periódico Levante a algunas cuestiones referentes al Tribunal Arbitral de nuestra ciudad que ha sido reconocido por la Federación Europea de Abogados como un centro de arbitraje y mediación.
El convenio firmado por la Generalitat Valenciana y la Federación Europea de Abogados ofrece posibilidades inéditas a empresas y particulares que quieran dirimir sus conflictos aquí.
Francisco Real hace referencia a la directiva europea que se aplicará en tres años y que hará obligatoria la mediación. Por el momento para someterse a arbitraje es preciso la voluntad libre de renunciar a la vía jurisdiccional en beneficio del tribunal arbitral.
El decano reconoce que la mayoría de los abogados, empresas y notarios carecen de suficiente información. El ciudadano debe ser consciente de sus ventajas, el arbitraje es imprescindible en época de crisis y ... cuando entras a un juzgado nunca sabes cómo vas a salir.
Tiene razón el decano, conforme nuestra cultura jurídica incorpore esta figura y los abogados desarrollen las habilidades propias de la mediación todos saldremos ganando, y los primeros los ciudadanos y la sociedad en general. Porque hay soluciones en que ganan todos y una situación en que todos pierden ... no se puede llamar solución.

La verdad sobre los procuradores

Tengo delante de mí, al escribir estas notas, el artículo de Francisco Cerrillo, Presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores y decano del Colegio de Procuradores de Valencia. Se defiende y defiende a la profesión de unas críticas injustas vertidas en artículo anterior titulado "la justicia empapelada".
Nadie sabe, mejor que los abogados, la aportación inmensa que al funcionamiento de la justicia hacen los procuradores cada día en cada demarcación judicial de nuestro país, yo no sabría trabajar sin la colaboración de estos profesionales y me parece que tampoco querría hacerlo. La complicidad entre abogados y procuradores es una de las pocas garantías que nuestros clientes tienen de que su expediente llegue a buen puerto.
En medio de este clima general de haciendo leña del árbol caído señalar a todos los agentes de la administración de justicia como presuntos culpables y condenarlos sin juicio, uno de los mayores atropellos sería sin duda denigrar una figura tan digna como indispensable para el buen funcionamiento de la administración de justicia.
Es una pena, que por desconocimiento, se arremeta contra esta figura tradicional de nuestro ordenamiento jurídico y sobre todo, porque muchas veces están siendo los procuradores los que están impulsando la modernización de los despachos de sus compañeros abogados, y por emulación planteando la necesidad de que la oficina judicial haga lo propio.
Lo dicho todos pendientes del Pacto de Estado por la Justicia.

Los titulares son elocuentes : " Atasco récord en los juzgados de lo penal. El retraso eleva a 270.000 las sentencias sin resolver". El informe del Consejo General del Poder Judicial revela que las comunidades autónomas en las que se acumulan las condenas de manera más escandalosa es en Cataluña (56.000) , Comunidad Valenciana (40.000) y Madrid (37.500) sentencias a la espera de ser ejecutadas.
Para acabar de redondear la situación crítica que atraviesa nuestra administración de justicia hay que tener en cuenta que la litigiosidad - el número de demandas presentadas - creció un 19,8 % en relación al año anterior. En todo caso la carga de trabajo que tienen que soportar los juzgados y tribunales está fuera de toda proporción.


Las causas de esta situación son diversas aunque difíciles de explicar a los ciudadanos y a los clientes de los despachos de abogados : la falta de informatización, la escasez de plantilla, la elevadísima movilidad funcionarial - entre un diez y un noventa por ciento de los funcionarios es interino - , la falta de experiencia del personal y "una cierta descoordinación".
Las soluciones que propone el Servicio de Inspección pasan por la aprobación de medidas de refuerzo para los juzgados, y que las plazas de funcionarios interinos se cubran con personal titular y con la formación necesaria para hacer un trabajo de "calidad". Además se aboga por la implantación de un sistema informático de gestión procesal propio que controle las distintas fases de las ejecutorias.

En nuestra opinión mientras el servicio público de administración de justicia no deje de ser la "hermana pobre" de la administración española no van a funcionar bien las cosas. Eso requiere decisión política y un gran esfuerzo presupuestario.

El ciudadano reducido a "consumidor"

Ha habido quienes han teorizado sobre la idea que el verdadero poder de los ciudadanos reside en su poder de compra y consumo. Se prima la idea de consumidor sobre la idea de participación política propia del ciudadano. No todos votan pero todos consumimos. Es cierto que cada una de nuestras decisiones económicas configuran un resultado final equivalente a una especie de democracia del mercado pero también es verdad que es más difícil conseguir cambios económicos que cambios políticos.
En todo caso, la ley debe proteger a la parte más débil en los contratos "de adhesión", son contratos en los que nuestra libertad se limita a decir sí o no, y cuando los proponen grandes corporaciones multinacionales que tienen hilo directo con el gobierno y la administración de turno es imprescindible la labor de lobby de las grandes asociaciones de consumidores. Unas asociaciones grandes e independientes que cuenten con medios para hacer oír nuestra voz.
En ese sentido la labor de la asociación de consumidores de productos bancarios es meritoria porque elevan la cultura financiera general, al tiempo que con sus denuncias y acciones puntuales en los tribunales, van obligando a la administración a poner orden en un sector que se parece más a un oligopolio que a un verdadero mercado de libre competencia.

Abogacia y derecho.

Los abogados somos uno más de los llamados "operadores jurídicos", como los jueces o el fiscal participamos en un servicio público fundamental como es la administración de justicia. Una de las notas características del servicio que prestamos los abogados es el llamado secreto profesional, sin embargo sin violar este secreto son muchas las cosas que se pueden decir, en la esperanza de que redunden en beneficio de todos, a propósito de lo que está ocurriendo en los tribunales y juzgados, en salas y en pasillos. Ese es el primer objetivo de este blog.

Juan Costa.
Abogado

cocos@pobox.com

www.costalesage.com