Los titulares son elocuentes : " Atasco récord en los juzgados de lo penal. El retraso eleva a 270.000 las sentencias sin resolver". El informe del Consejo General del Poder Judicial revela que las comunidades autónomas en las que se acumulan las condenas de manera más escandalosa es en Cataluña (56.000) , Comunidad Valenciana (40.000) y Madrid (37.500) sentencias a la espera de ser ejecutadas.
Para acabar de redondear la situación crítica que atraviesa nuestra administración de justicia hay que tener en cuenta que la litigiosidad - el número de demandas presentadas - creció un 19,8 % en relación al año anterior. En todo caso la carga de trabajo que tienen que soportar los juzgados y tribunales está fuera de toda proporción.


Las causas de esta situación son diversas aunque difíciles de explicar a los ciudadanos y a los clientes de los despachos de abogados : la falta de informatización, la escasez de plantilla, la elevadísima movilidad funcionarial - entre un diez y un noventa por ciento de los funcionarios es interino - , la falta de experiencia del personal y "una cierta descoordinación".
Las soluciones que propone el Servicio de Inspección pasan por la aprobación de medidas de refuerzo para los juzgados, y que las plazas de funcionarios interinos se cubran con personal titular y con la formación necesaria para hacer un trabajo de "calidad". Además se aboga por la implantación de un sistema informático de gestión procesal propio que controle las distintas fases de las ejecutorias.

En nuestra opinión mientras el servicio público de administración de justicia no deje de ser la "hermana pobre" de la administración española no van a funcionar bien las cosas. Eso requiere decisión política y un gran esfuerzo presupuestario.

El ciudadano reducido a "consumidor"

Ha habido quienes han teorizado sobre la idea que el verdadero poder de los ciudadanos reside en su poder de compra y consumo. Se prima la idea de consumidor sobre la idea de participación política propia del ciudadano. No todos votan pero todos consumimos. Es cierto que cada una de nuestras decisiones económicas configuran un resultado final equivalente a una especie de democracia del mercado pero también es verdad que es más difícil conseguir cambios económicos que cambios políticos.
En todo caso, la ley debe proteger a la parte más débil en los contratos "de adhesión", son contratos en los que nuestra libertad se limita a decir sí o no, y cuando los proponen grandes corporaciones multinacionales que tienen hilo directo con el gobierno y la administración de turno es imprescindible la labor de lobby de las grandes asociaciones de consumidores. Unas asociaciones grandes e independientes que cuenten con medios para hacer oír nuestra voz.
En ese sentido la labor de la asociación de consumidores de productos bancarios es meritoria porque elevan la cultura financiera general, al tiempo que con sus denuncias y acciones puntuales en los tribunales, van obligando a la administración a poner orden en un sector que se parece más a un oligopolio que a un verdadero mercado de libre competencia.