Los titulares son elocuentes : " Atasco récord en los juzgados de lo penal. El retraso eleva a 270.000 las sentencias sin resolver". El informe del Consejo General del Poder Judicial revela que las comunidades autónomas en las que se acumulan las condenas de manera más escandalosa es en Cataluña (56.000) , Comunidad Valenciana (40.000) y Madrid (37.500) sentencias a la espera de ser ejecutadas.
Para acabar de redondear la situación crítica que atraviesa nuestra administración de justicia hay que tener en cuenta que la litigiosidad - el número de demandas presentadas - creció un 19,8 % en relación al año anterior. En todo caso la carga de trabajo que tienen que soportar los juzgados y tribunales está fuera de toda proporción.


Las causas de esta situación son diversas aunque difíciles de explicar a los ciudadanos y a los clientes de los despachos de abogados : la falta de informatización, la escasez de plantilla, la elevadísima movilidad funcionarial - entre un diez y un noventa por ciento de los funcionarios es interino - , la falta de experiencia del personal y "una cierta descoordinación".
Las soluciones que propone el Servicio de Inspección pasan por la aprobación de medidas de refuerzo para los juzgados, y que las plazas de funcionarios interinos se cubran con personal titular y con la formación necesaria para hacer un trabajo de "calidad". Además se aboga por la implantación de un sistema informático de gestión procesal propio que controle las distintas fases de las ejecutorias.

En nuestra opinión mientras el servicio público de administración de justicia no deje de ser la "hermana pobre" de la administración española no van a funcionar bien las cosas. Eso requiere decisión política y un gran esfuerzo presupuestario.